El pasado 26 de junio de 2020, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por 20 votos a favor y uno en blanco una Guía de criterios de actuación en materia de custodia. Dicha Guía pretende proporcionar a los miembros de la Carrera Judicial una herramienta práctica para la adopción de las decisiones relativas a la custodia de los hijos en los procesos de separación o divorcio.
El presente texto reclama una reforma urgente de la legislación con el fin de regular de manera clara la custodia compartida. Así, como primera y más importante de las medidas, la Guía propone una reforma orgánica que establezca la especialización en materia de familia de órganos judiciales en primera y segunda instancia y la mejora en la comunicación entre los juzgados de familia y los juzgados penales para garantizar la seguridad de los menores en los casos de violencia doméstica o de género.
A la hora de establecer los criterios que los jueces deben valorar, la Guía parte de dos premisas básicas:
– En primer lugar, la custodia compartida no debe entenderse como un reparto aritmético de los tiempos de convivencia de los hijos con cada progenitor sino como ejercicio efectivo de una coparentalidad responsable. El objetivo no es repartirse el tiempo a partes iguales sino equiparar la dedicación a los hijos e hijas en términos de tiempo y esfuerzo, y crear un vínculo afectivo que permita a los hijos mantener tanto el referente materno como el paterno.
– En segundo lugar, el régimen de custodia debe determinarse en cada caso concreto, previo examen detallado de las circunstancias específicas y particulares de cada grupo familiar y atendiendo exclusivamente a estas circunstancias particulares. Es preciso evitar posturas generalistas o estereotipadas sobre los distintos modelos de custodia.
Asimismo, la Guía incluye un capítulo específico dedicado a la custodia en casos que se han producido situaciones de violencia sobre la mujer o los hijos, además de proponer el establecimiento de un sistema de identificación único para cada unidad familiar en todo el territorio, así toda la información necesaria estaría a disposición de los órganos que deben tomar decisiones sobre la custodia de los hijos.
